Julian Zapiain: "Financiación ‘en diferido’. Trampantojo sistémico"

Nos dicen que van a ser empresas privadas quienes van a afrontar la construcción y la posterior explotación del ‘complejo incinerador de Zubieta’. Con ello insinúan que su implicación constituye un refrendo de la necesidad y viabilidad de la instalación,  que  afrontan el riesgo inherente a toda inversión en la confianza de su inexistencia,  pero aquí esta el trampantojo entendiendo este como : ‘trampa o ilusión con que se engaña a alguien haciéndole ver lo que no es’.Intentemos explicarlo viendo las razones de la 'intervención privada'.


La fórmula ‘Public-Private Partnerships’(PPP)  de cooperar entre autoridades públicas y el mundo empresarial para garantizar un determinado servicio o infraestructura, tiene en origen el compartir riesgos habitualmente soportados en solitario por el sector público. El Estado Español en su afán 'innovador', ha perdido precisamente esta última caracteristica. Si la demanda no cubriese los retornos previstos, sería la Administración Pública quién afrontaría el desfase.Por tanto las empresas privadas actúan sobre seguro.


En muchos casos los contratos de concesión establecen el compromiso público de pagar toda la inversión realizada y, al mismo tiempo, garantizar los rendimientos de la inversión aunque las previsiones de ingresos estipuladas en los contratos no se cumplieran.(Ejemplo: Ferrovial-Diputación Bizkaia- Proyecto Túneles de Artxanda).
Con este soporte-aval  los constructores, los gestores privados de las infraestructuras, los asesores legales, las ingenierías que diseñan el complejo y los inversores están muy interesados en llevar el proyecto al mayor volumen presupuestario , y también alargar lo máximo posible la concesión de gestión y mantenimiento de las infraestructuras.(Sobreinversión)


Su negocio está en construir e instalar expandiendo el volumen de inversión al margen de las necesidades o la demanda del servicio. Sin embargo estas enormes inversiones condicionan las politicas alternativas de cara a la gestión y valoración de los residuos sólidos urbanos. El cobro por venta de energía electrica generada precisa un gran volumen de residuo cuya caracterización incluya  los de  mayor poder calorifico (plásticos, neumáticos, aceites,ropa, cartón..), solo así cumplimentarán los requisitos de eficiencia clave para ser considerada la incineración como'valoración energetica', y ser retribuidos mediante 'primas por generación'.[El Poder Calorifico del modelo Zubieta presuponia un PCI de 2950 Kcal/Kgr, mientras en la realidad la fracción resto dificilmente alcanza la mitad de ese valor)


Este modelo de financiación CPP, con un enorme desarrollo actual debido a la deplorable situación de las finanzas públicas cuyos objetivos de deficit y deuda impiden inversiones reales , permite que las garantías públicas concedidas sean pasivos ocultos que no están contabilizados en parte alguna en el presente, pero que hipotecan los recursos públicos durante largos periodos de tiempo(se habla de 35 años con’ financiación presupuestaria diferida’).


No acaba aquí lo cuestionable de esta politica privatizadora porque, ¿de donde obtienen las empresas del sector concesional la financiación necesaria?.Veamos otra perversión del modelo.


Es la propia Administración Pública la que actúa de garante para que el inversor privado obtenga el crédito preciso, con ello los proyectos se encarecen por el endurecimiento de las condiciones financieras (diferenciales elevados, contratos de permuta garantizadores del tipo de interés, claúsulas suelo,garantías del mantenimiento del nivel de ingresos preciso para la financiación actuando sobre tasas y tarifas, mantenimiento del modelo de gestión que precise las infraestructuras..).
Todo ello contribuye al incremento de la incertidumbre del proyecto y su financiación, dada la inestabilidad ligada a los problemas de sostenibilidad futura de las finanzas públicas.


Un esquema de este tipo, que oculta una voluntad privatizadora real, crea ‘amistades’ entre representantes públicos y miembros de las empresas del sector concesional ya sean estos asesores, consejeros, constructores, especuladores...El resultado ha sido la aparición de un capitalismo de contactos y rentista, un capitalismo sin riesgo, que no genera riqueza ni empleo y donde la sobreinversión junto a la falta de regulación y control, lleva inevitablemente a la corrupción.

Es sorprendente que solo exista una única referencia legislativa de este modelo CPP, la que se encuentra en el artículo 11 del Real Decreto Ley(RDL) 3/2011, sobre contratos del sector público, siendo su redacción generalista y poco exigente propiciando, como ya he señalado, una situación de desregulación además de mostrar su inequivoca voluntad de sustraerse a mecanismo de control alguno.
La oportunidad de permitir realizar inversiones sin que se vean afectadas las cuentas presentes, no así las futuras, incentiva la falta de rigor en los términos de los preceptivos análisis previos fijados en la sección 4ª del citado RDL mencionado.


Este apartado  obliga a la previa confección de un documento de evaluación que demuestre la imposibilidad ,en este caso de la DFG, de asumir directamente la actuación.¿Donde está ese documento Sres Olano y Asensio?

Por último en un marco de recursos finitos al afrontar una determinada inversión se renuncia a otro tipo de actuaciones, por ello se debiera valorar el llamado ‘coste de oportunidad’, que cuantifica lo que la sociedad deja de obtener al prioritar en este caso unas instalaciones que son cuestionables en cuanto a su necesidad, pero de las que se sabe que es la sociedad gipuzkoana quién asume la totalidad del riesgo, y no solo económico, de su construcción y funcionamieto.

Julián Zapiain Alonso

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